Defectos en la Construcción

Susana Jiménez

Las proyecciones de crecimiento económico se han ajustado irremediablemente a la baja, alcanzado un magro 1,5% para este año de acuerdo a las últimas estimaciones del FMI. Las reformas impulsadas por la actual administración se han hecho sentir y, más grave aún, han comprometido la capacidad de crecimiento de mediano plazo de la economía. No solo faltan proyectos nuevos de inversión, sino que los antiguos se postergan a la espera de un ambiente más favorable. Es que existen demasiadas señales contradictorias, y no hay agenda de productividad que pueda contrarrestarlo, a menos que se rectifiquen varios de los defectos en la construcción de la “obra gruesa”.

Más allá del impacto negativo que tendrán los pilares de la obra (reforma tributaria, laboral y constitucional), hay también vigas que ameritan ser corregidas. No se puede alentar la actividad productiva si, al mismo tiempo, se limita su desarrollo.

La desconfianza hacia la actividad privada se ha traducido en un frenesí sancionatorio y fiscalizador. Se está legislando para elevar las multas por infracciones diversas a niveles que pondrían de espalda a cualquier empresa y se aumentan las atribuciones de los órganos del Estado sin los contrapesos necesarios para dar certeza jurídica. En otros casos, se busca incorporar en la ley restricciones a la obtención de rentabilidades (incluso en mercados no regulados), ignorando su efecto en la decisión de quienes tienen que rentabilizar su inversión en un plazo razonable.

Pero si de frenar negocios se trata, la creatividad legislativa es ilimitada. En el proyecto de ley de libre competencia se aprobó sancionar la participación minoritaria (sobre 10%) de un grupo empresarial en el capital de empresas competidoras. Eso no solo atenta contra la libertad de desarrollar actividades económicas, sino que además restringe las opciones de financiamiento y transferencia tecnológica que generan la gran mayoría de estas operaciones.

Paradojalmente, se mantienen cerrados algunos mercados, otra falla de construcción imperdonable. El malestar de los taxistas ante la arremetida de Uber no responde a otra cosa que una restricción legal que les ha permitido obtener rentas sobrenormales que ahora intentan salvaguardar. Al igual que en otros mercados, el constructor parece más inclinado a seguir conservando las barreras de entrada que a evaluar la conveniencia de desmantelar la regulación existente.

Por último, la intervención excesiva del Estado es propia de edificios que se desploman con el tiempo. Sin embargo, el gobierno ha reimpulsado el rol empresarial del Estado a través de iniciativas que promueven su incursión en generación eléctrica, emisión de tarjetas de prepago y administración de fondos de pensiones, por nombrar algunos, sin mirar los efectos que genera la percepción de competencia desleal en el desarrollo de inversiones privadas.

Lo anterior refleja que hay una serie de problemas en la memoria de cálculo de la obra gruesa, lo que ciertamente no ayuda a mejorar el clima de negocios que se requiere para retomar mayores ritmos de crecimiento.